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La Ley 27499 lleva el nombre de Micaela García, víctima de femicidio en Gualeguay (provincia de Entre Ríos), a los 21 años de edad, en abril de 2017.
Micaela fue militante del Movimiento Evita y del movimiento Ni Una Menos. Su violación y posterior femicidio conmovieron al país. No solo por el hecho de que su femicida, Sebastián Wagner, por decisión judicial fue dejado en libertad, contrariando opiniones de peritos intervinientes y porque no se consideró una denuncia que habría sido central para torcer el rumbo de esta historia; sino también porque la conmoción social y la violencia institucional que este femicidio develó tuvieron lugar en el marco de las movilizaciones por Ni una menos y los debates que venían emergiendo como producto de las luchas sociales, todo lo cual devino en exigencias de reconfiguraciones con fuerte dimensión institucional.
Es así que en diciembre de 2018, se sancionó esta ley que establece en su artículo 1º la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la nación.
Con la implementación de esta normativa se busca, por un lado, prevenir y promover la adecuada intervención frente a situaciones de violencias por razones de género en los ámbitos laborales, así como interpelar, desde la responsabilidad política de autoridades y agentes del Estado, sobre la urgencia de iniciar procesos de capacitación en la temática, para transversalizar la perspectiva de género en el diseño e implementación de políticas públicas de cada sector.
La presente propuesta, retoma experiencias anteriores de capacitación y sensibilización que han sido primordiales en el camino de avanzar para dar respuesta a demandas de formación en la temática. Antecedentes que fortalecen y nutren esta oferta, que integra un marco mayor de políticas públicas que priorizan, en su agenda, transversalizar la perspectiva de género en el sector público, en tanto obligación asumida por el Estado Nacional. Es decir, visibilizar y analizar las desigualdades entre los géneros y las relaciones de poder existentes entre ellos, para que desde las propias políticas se intervenga y modifique.